Constructores, biometría y la memoria de las listas en Venezuela
La plataforma Constructores, desarrollada por Vente Venezuela, está llamando al registro de venezolanos dentro y fuera del país en una base de datos que solicita una cantidad significativa de información personal, incluyendo la cédula y el rostro de cada persona. La desactualización del registro nacional electoral ha sido un problema de suma gravedad que ha impedido a millones de venezolanos en el exterior participar de las elecciones a las que tienen derecho, de modo que, en efecto, actualizar esta información y permitir el voto de todos los venezolanos en unas futuras elecciones es impostergable.
Sin embargo, el uso de sistemas biométricos presenta un alto número de problemas y desafíos, que se agravan en un contexto como el venezolano donde, además de existir un largo historial de violaciones a los derechos humanos como consecuencia del uso irresponsable de los datos personales como arma y mecanismo de control, la ausencia de legislación que proteja la privacidad de los datos nos ha situado un par de décadas por detrás de la región y del mundo en este tema. Baste echar un vistazo a las respuestas del tweet original de Vente que anuncia la convocatoria para encontrarse de inmediato con decenas de personas recordando la infame Lista Tascón, un fantasma que no abandona la forma en que los venezolanos nos relacionamos con los sistemas que piden nuestros datos personales, en particular aquellos que tienen fines políticos.
Es fácil desestimar estas preocupaciones acusando a las personas de paranoia, pero el hecho de que los sistemas de identidad, en general, requieren de la construcción previa de protocolos de confianza con la ciudadanía es ineludible. No es suficiente publicar unos términos y condiciones escondidos en la página web, o asegurar que “tus datos están protegidos” sin entrar en detalles, dado que la confianza no es exigible ni puede decretarse. En Venezuela no existen las condiciones institucionales que permitan que esa confianza pueda existir en un contexto legal y social que la sostenga, y en consecuencia toda iniciativa de esta índole está obligada a trabajarla o condenada a fracasar.
Puede que la memoria se sienta a veces como paranoia, pero en gran medida no es sino el aprendizaje de las heridas que todavía llevamos en la piel. En 2004, el diputado Luis Tascón publicó en su página web los nombres y números de cédula de quienes habían firmado la solicitud de referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Lo que siguió está documentado: despidos en la administración pública, contratos negados, trámites que de pronto no avanzaban, personas a quienes se les dijo sin rodeos que su firma era el problema. Poco después apareció Maisanta, una base de datos que cruzaba esa lista con el registro electoral y se vendía en CD en los mercados. Permitía saber, cédula por cédula, quién había firmado, quién había votado y quién se había abstenido. El propio Chávez terminó ordenando, al menos de cara al público, que la lista se “enterrara”. Para entonces ya había cumplido su función y hecho el daño que estaba destinada a hacer.
La lección no fue que el chavismo fuera especialmente perverso con los datos. Fue algo más simple que todavía nos resulta incómodo: una base de datos con contenido político, en manos de un actor político y sin límites institucionales, termina usándose para premiar, castigar o intimidar. La intención original de quien la creó deja de importar.
El carnet de la patria, lanzado en 2017, llevó esa lógica a una escala industrial. Un código QR asociado a una base de datos centralizada empezó a mediar el acceso a las bolsas CLAP, los bonos y, progresivamente, a la vida cotidiana de millones de personas en plena emergencia humanitaria. En las presidenciales de 2018, los “puntos rojos” instalados junto a los centros de votación, donde se escaneaba el carnet a cambio de la promesa de un bono, dejaron claro para qué servía la arquitectura: no hacía falta saber cómo votaba cada quien, si bastaba con que cada quien creyera que se sabía.
Este es el punto que suele perderse en las discusiones sobre el uso de captahuellas en el sistema electoral. Se puede debatir largamente si el sistema permitía o no vincular la identidad con el voto, pero el efecto disuasivo no depende de que la vigilancia sea real, sino de que sea creíble. Una oposición que ha pasado más de veinte años denunciando ese efecto debería ser la primera en entenderlo.
La biometría no ha dejado de expandirse. Tras los terremotos de este año, el Estado inició un censo biométrico de los damnificados. A estas alturas no es la lista, no es el carnet: es tu propio cuerpo, tu huella y tu cara lo que es la forma de ser contado, y temo que la gente empieza a creer, de manera errónea, que ya “da lo mismo” quién tiene su información.
Constructores llama a los venezolanos, dentro y fuera del país, a validar su identidad con cédula o pasaporte (vigente o vencido), someterse a una verificación facial en puntos físicos denominados “nidos de mapeo”, cargar sus datos completos en una plataforma web 48 horas después y quedar “geolocalizados en el registro”. Según el comunicado del partido, la primera fase incluye un “Estudio de Ubicación y Parentescos” y un “Estudio de Venezolanos Fallecidos”, y la segunda contempla encuestas de familias, consultas y propuestas ciudadanas. Vente asegura que registrarse no implica afiliarse al partido y que los datos están protegidos.
Lo que no sabemos es, precisamente, lo que importa. Según los términos y condiciones publicados en el sitio, el responsable de la base de datos es Vente Venezuela España, es decir que la base de datos estaría protegida bajo el RGPD justo hasta el momento en que cumplan el propósito para el que se dice que se recogen. ¿Quién es el responsable del tratamiento: Vente Venezuela, el partido político venezolano que está movilizando el registro, o Vente Venezuela España, la asociación que aparece como responsable en el sitio web? Recolectar datos en Colombia, Chile, Argentina, etcétera, activa también sus leyes locales. Si los “nidos” funcionan con voluntarios, dispositivos y redes que no están en territorio español, ¿qué sucede, por ejemplo, si un teléfono de un voluntario es incautado en otro país? ¿Cómo podría un venezolano en Colombia o en Acarigua reclamar ante la autoridad española de protección de datos si el uso es inadecuado? Puedo seguir, pero creo que me entendieron.
El estándar internacional para cualquier injerencia en la privacidad es conocido: debe ser legal, perseguir un fin legítimo, y ser necesaria y proporcional a ese fin. El fin, que los venezolanos en el exterior puedan votar, es legítimo e impostergable. El problema está en la relación entre ese fin y los medios. Para saber cuántos venezolanos viven en Santiago, Bogotá o Madrid y facilitarles información sobre su inscripción no hace falta su rostro, y mucho menos datos sobre sus familias, si eso es lo que implica el “estudio de parentescos”. Cuando la recolección excede lo que el propósito declarado requiere, la pregunta deja de ser si la iniciativa es bienintencionada y pasa a ser para qué más servirán esos datos.
Lo que es más importante: en general usamos biometría como un vector contra el fraude o la duplicación de datos. ¿Existe, en este caso, un riesgo de seguridad tan importante que la doble inscripción de alguien en este sistema justifique la recolección de los rostros de todos? Si no es así, ¿entonces para qué estamos recogiendo cada uno de estos datos? ¿Cuál es la información que en realidad es legítimo y necesario recabar?
Hay además un problema que ninguna política de privacidad resuelve: en este contexto, el simple hecho de aparecer en la base revela una opinión política. Quien se registra en una plataforma de Vente Venezuela queda identificado, ante cualquiera que acceda a esos datos, como alguien cercano a la oposición. Para quienes viven dentro del país, o tienen familia allí, eso no es una abstracción. Cualquier registro de este tipo afecta también la participación política, porque quien teme quedar marcado puede optar por no participar.
Venezuela no cuenta con una ley general de protección de datos personales. Existe el habeas data del artículo 28 de la Constitución y alguna jurisprudencia suelta, pero no hay autoridad de control, obligaciones claras para los responsables ni mecanismos efectivos de reclamo. La diáspora, en cambio, vive en jurisdicciones que sí los tienen. En España, el RGPD considera categorías especiales tanto los datos biométricos destinados a identificar a una persona como los que revelan opiniones políticas, y su tratamiento está prohibido salvo excepciones estrictas. En América Latina, la mayoría de los países poseen estándares legales propios. Es difícil defender que una iniciativa que recoge datos en esos países pueda ignorar esas normas.
La biometría tiene una particularidad que suele olvidarse: no se puede revocar. Si se filtra una contraseña, se cambia; si se filtra un rostro, necesitamos cirugía plástica. Por eso los sistemas serios recurren a ella solo cuando no existe alternativa, y diseñan su arquitectura partiendo del supuesto de que alguna vez habrá una brecha.
Ese supuesto no es pesimismo. Un partido político no tiene las capacidades de seguridad ni los mecanismos de rendición de cuentas de una institución pública con supervisión independiente, y en este caso enfrenta a un adversario estatal con recursos, voluntad e historial de usar los datos como arma. Una base que combina identidad verificada, rostro, ubicación y, potencialmente, vínculos familiares no es un registro: es un grafo social completo de la oposición venezolana y su entorno. Si se filtra, sea por un ataque, una infiltración o un descuido, le habremos entregado al Estado, ordenado y verificado, el mapa que nunca pudo construir solo.
Hay también preguntas de funcionamiento. ¿Qué tan fiable es la verificación facial contra la foto de una cédula o un pasaporte vencido hace años? ¿Qué pasa con quienes el sistema no reconoce? ¿Y qué impide que una base diseñada para “registro” se convierta, con la fase de encuestas, en una herramienta de segmentación de campaña? Nada de esto es ilegítimo en sí mismo, porque los partidos hacen campaña. Lo ilegítimo es hacerlo con datos recogidos bajo otra promesa.
Me anticipo a la objeción, porque me la dicen siempre: no tengo que criticar, el problema es el chavismo, no las bases de datos, “nosotros somos los buenos”. Puedo desear, como deseo, que la oposición gane unas eventuales elecciones, y aun así sostener que esa respuesta es exactamente la que no debemos dar. Las garantías institucionales existen porque la confianza en las personas no es un mecanismo de protección. Las bases de datos, además, sobreviven a quienes las crean: cambian las dirigencias, se rompen las alianzas, aparecen nuevos intereses. La pregunta no es qué haría con estos datos quien hoy los recoge, sino qué podría hacer con ellos cualquiera que los controle dentro de diez años.
La oposición venezolana tiene un capital que no conviene dilapidar: la coherencia de haber denunciado, durante dos décadas, el uso de los datos personales como mecanismo de control. Ese capital no sobrevive a la lógica de “cuando lo hacemos nosotros es distinto”.
Nada de esto significa abandonar el objetivo. Significa perseguirlo de otra manera:
Reconstruir la república no consiste solo en ganar elecciones. Consiste también en construir los límites al poder, incluidos los límites al poder de quienes nos caen bien. Una transición democrática no puede edificarse con las herramientas de control del régimen que pretende reemplazar. Si la confianza no puede decretarse, entonces hay que ganársela, y eso empieza por no pedirle a la gente su rostro sin decirle quién se queda con él.
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